Hace prácticamente 20 años que me impliqué profesionalmente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y una década que accedí a la dirección de Feaps Madrid, posteriormente rebautizada como Plena Inclusión Madrid.

 

Hoy, como diputado electo de Ciudadanos, tengo la oportunidad de llevar esas reivindicaciones al lugar mismo donde se hacen las leyes y donde se toman las decisiones que cambian la vida de las personas, la Asamblea de Madrid.

 

El convencimiento y la apuesta decidida del partido en materia de política social nos va a permitir poner a las personas con discapacidad en la primera línea de actuación del parlamento autonómico y del próximo Gobierno regional. Porque hay que decirlo bien alto: el colectivo no puede -ni debe esperar- un minuto más.

 

Tras años de reivindicaciones, es la hora de la inclusión real, de que cada ciudadano de la Comunidad de Madrid vea garantizados sus derechos de forma plena y de que tenga todas las herramientas para desarrollar su vida de la forma más autónoma posible de acuerdo a sus capacidades, sean las que sean.

 

Contamos con una gran ventaja: no partimos de cero. Durante mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de trabajar en el seno del CERMI Comunidad de Madrid, participando de un movimiento colectivo que ha sido capaz de impulsar cambios políticos y sociales. Y lo ha hecho siempre desde el respeto, pero también desde la unidad, la firmeza absoluta y la constancia. Solo así hemos sido capaces de cambiar a mejor el día a día de las personas con discapacidad.

 

Sin embargo, todos sabemos que solo hemos recorrido una parte del camino.

 

La Ley de Servicios Sociales tiene que ser reformada para avanzar en derechos y garantizar una verdadera igualdad de oportunidades. El Gobierno regional debe adoptar el concierto social para dar a las entidades del tercer sector la estabilidad y la financiación que necesitan, sin estar sometidos a vaivenes coyunturales o ideológicos. La atención temprana debe convertirse en un pilar del sistema de servicios sociales para todos los niños y niñas que lo precisen. Y es imprescindible impulsar todos los proyectos innovadores que nos permitan avanzar en el desarrollo, el bienestar y la autonomía de las personas con discapacidad y sus familias.

 

Este es mi compromiso y el de mi grupo parlamentario, el de trabajar sin descanso, con más empeño si cabe que hasta ahora, junto a todas las organizaciones representativas del sector, para dar el paso definitivo.

 

Sin duda son objetivos ambiciosos, pero perfectamente asumibles si se tejen los consensos necesarios desde la ilusión y el espíritu de servicio público. Unidos, construiremos una sociedad mejor, en la que no dejemos a ninguna persona atrás y en la que nuestra región se convierta en una referencia de libertad, derechos, cuidados e igualdad de oportunidades a nivel nacional e internacional. Pongámonos a ello.